Propone la senadora Mónica Fernández Balboa reformar a la ley de salud, para autorizar el uso lúdico de cannabis

Enviado el 19/09/2019 por en Política

Es un primer paso para generar un cambio de paradigma legal y de concientización en su consumo

Ricardo Rivera
Rumbo Nuevo
Una iniciativa para reformar la Ley General de Salud en sus artículos 235 y 247, en materia de los diferentes usos de la cannabis, fue presentada en la sesión del Pleno del Senado por la Presidenta de esa Cámara, Mónica Fernández Balboa.
Con esta reforma, señaló́ la legisladora, se está́ dando un primer paso para generar un cambio de paradigma legal y de concientización en el uso y consumo lúdico de la cannabis.
Explicó que paralelamente a la reforma legal se desarrollarán diversas acciones complementarias como la implementación de campañas de información sobre los efectos del uso y abuso de dicha sustancia, y la aprobación de un proyecto normativo marco que contempla la expedición de la legislación especializada correspondiente que regule exclusivamente el uso lúdico de la cannabis.
Lo anterior, abundó Fernández Balboa, en congruencia con los trabajos integrales que sobre el tema se han acordado e impulsado desde la actual administración federal.
La legisladora propuso adicionar el ordenamiento legal con un párrafo que señala: “Para la siembra, el cultivo, la cosecha, la preparación, la posesión y la transportación personal, para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente Cannabis sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas, sólo será́ requerida la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Salud”.
De igual manera, se propone una adición similar para que la dependencia mencionada pueda autorizar el psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol), y algunas de sus variantes químicas, en conjunto conocidos como “marihuana”.
En su exposición de motivos, se dejó́ en claro que la iniciativa presentada da respuesta a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien otorgó un plazo de noventa días para que el Congreso de la Unión modificará o derogará la normatividad.

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