Sport City una estela de corrupción y complicidades

Enviado el 01/10/2012 por en Portada

  • Influencias de Amilcar Salas con Jesús Alí, paralizaron el derrumbe de la obra ordenada desde 2010
  • Alí, acusado ante la PGR por los delitos de obstrucción a la administración de justicia y falsedad de declaraciones.
  • Tras ser candidato Jesús Alí al gobierno del Estado, con la esperanza de su triunfo, Luz María Armenta León, Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo protegieron la obra
  • Armenta León, declaró ilegales los argumentos del demandante y le dio la razón al Ayuntamiento de Centro, protegiendo Sport City, y ordenando que no fuera demolida, por que no se había violado la ley.
  • Hoy sin el amparo político, Amilcar Sala, Jesús Alí, Luz María Armenta, el empresario José Espinosa de los Monteros no evitará que se cumpla el decreto federal que ordena la demolición del inmueble

Luis Ruiz Sandoval Frade
Grupo RN
Explota a las autoridades del municipio de Centro una bomba llamada Sport City, pues una instancia federal dictaminó que ahora sí, este inmueble tiene que ser derruido por violaciones a las leyes a más tardar en este mes de octubre, en donde, desde el año 2008 se encuentra en litigio y están involucrados diversos funcionarios que estaban en la comuna en los años 2007 y 2009, ya que autorizaron el uso del suelo y los permisos de construcción.
Este negocio que se encuentra en la avenida Paseo Usumacinta y que está demandado por personas que fueron afectados sus inmuebles, debido a la construcción de este complejo deportivo, desde el año 2008 iniciaron una lucha frontal y hasta riesgosa, pues se enfrentaban al que fue candidato al gobierno del estado por el PRI, Jesús Alí, que en su etapa como presidente municipal, fue uno de quienes autorizaron esta obra.
Y desatendió un mandato del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco (TCAT), en el año 2010 al desacatar la orden de demoler el edificio de Sport City.
El alcalde con licencia fue acusado ante la PGR (denuncia ratificada el 28 de diciembre de 2011) de cometer los delitos de obstrucción a la administración de justicia y falsedad de declaraciones.
Por el asunto, se inició ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el expediente 427/09/52 en contra del ayuntamiento del Centro. La magistrada de la segunda sala del TCAT, Luz María Armenta León, declaró ilegales las licencias de construcción y los permisos de factibilidad de uso de suelo, por lo que en agosto de 2010 se decretó la demolición del inmueble que alberga el Sport City, así como el pago de daños y perjuicios a los afectados por la construcción del inmueble.
Y se señala que el entonces alcalde Jesús Alí de la Torre y el empresario dueño del Sport City, José Espinosa de los Monteros, presentan un amparo ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, haciendo caso de la resolución del Tribunal de lo Contencioso y tramita un amparo para evitar cumplir con la obligación de derribar el inmueble, juicio que fue negado el 28 de marzo de 2011, al ratificarse la orden de demoler el inmueble donde se encuentra el gimnasio Sport City.

Hasta las últimas consecuencias
Por su parte, uno de los afectados, el empresario Héctor Aceves Fernández, negó que en su momento se desistió de las demandas penales interpuestas en las Procuraduría General de la República (PGR) y en la del estado (PGJ) – contra el ex candidato al gobierno del estado, Jesús Alí de la Torre, por presuntos delitos de obstrucción de la justicia, falsedad de declaraciones y fraude procesal, entre otros.
Junto a su abogado William López Ascencio, el empresario Aceves Fernández precisó que nunca retiraron la demanda.
Cabe destacar, que la primera denuncia contra Alí de la Torre e integrantes del Cabildo, ante la PGR, fue presentada el pasado 25 de noviembre del 2011 por los presuntos delitos de obstrucción a la administración de justicia y falsedad de declaraciones, por negarse acatar resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y jueces federales para demoler el Sport City y pagar daños y perjuicios a la señora María del Pilar Herrera Pizaña, esposa del empresario Aceves, afectados en varias casas de su propiedad por la construcción del gimnasio.
La segunda fue interpuesta el pasado 15 de diciembre del año pasado ante la PGJ por los presuntos delitos de tráfico de influencia, fraude procesal y daño ecológico por acción y omisión en el mismo caso.
La señora Herrera Pizaña logró acreditar la ilegalidad de las licencias de construcción y factibilidad de uso de suelo, otorgadas en 2007 y 2009 por el ayuntamiento de Centro para la construcción y ampliación del gimnasio.
A principios de agosto de 2010, la magistrada de la Segunda Sala del TCA, Luz María Armenta León, resolvió la revocación de los permisos de construcción y cambio de uso de suelo; y ordenó al ayuntamiento demoler el gimnasio, así como pagar daños y perjuicios a los afectados.
A finales de noviembre del año pasado, el Tribunal Colegiado de Villahermosa sobreseyó la petición de revisión de amparo, con lo que quedó firme la sentencia del TCA, explicó el abogado López Ascencio.
Cabe destacar que Herrera Pizaña,  promovió un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco en contra de la construcción del Sport City, a partir de un permiso ilegal de factibilidad de uso de suelo y licencia de construcción, expedida por la Dirección de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales del Municipio de Centro.
La señora Pizaña demostró los daños causados a dos casas de su propiedad a partir de la construcción del Sport City, ya que al construirse los pilotes de lo que sería el gimnasio, las casas empezaron a sufrir bretaduras en diversas partes.
En agosto de 2010 el pasado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenó al ayuntamiento de Centro revocar “las licencias de construcción números 014/2009 y 066/ 07, así como las factibilidades de uso de suelo –industrial y de servicios- con número de folios 1553 y 1733 y proceder a la “demolición” “sin dilación” del gimnasio Sport City

Ganaron y se tiene que derrumbar
Y después de un silencio por varios meses, específicamente en el proceso electoral, no se mencionó nada en torno a este tema, se destacó que este 5 de octubre se debe tomar la decisión final para que se ordene la demolición del edificio que alberga el gimnasio Sport City y de no cumplirse la sentencia se recurrirá a demandas penales, anunció el abogado Williams López Ascencio.
Indicó que “la sentencia debe darse en cuanto se apertura la sanción de ejecución, es decir, que si hay un nuevo recurso, nosotros vamos a interponer denuncias penales, ya sea del tercer perjudicado o de la autoridad administrativa”.
Indicó que no hay ningún interés personal en el tema, “simplemente no puede existir una nueva forma dilatoria para atrasar la demolición del edificio, porque no hay vuelta de hoja en la resolución que dictó el Tribunal Federal Colegiado en materia administrativa”.
Recordó que la señora María del Pilar Herrera Pizaña que es la agraviada en este conflicto, “debe de estar tranquila en que la justicia va a llegar por fin, después de casi cuatro años de estar luchando en contra de resoluciones improcedentes, hemos estado constantemente para conseguir este momento, de que se haga justicia”.

Acatarán la legalidad en el Centro
Al alegar el secretario de la comuna de Centro, Manuel Vargas Ramón que no puede especular nada en torno al caso de Sport City, debido a que las instancias respectivas no emiten el dictamen a la comuna, aseguró que “analizando el caso cuando nos llegue, por supuesto que se va aplicar la ley, sin importar que se tenga que derrumbar el edificio”.
En entrevista, el funcionario municipal aseguró que no puede hacer mayores comentarios, debido a que “no tenemos el papel o dictamen que señalan las personas que representan a los interesados sobre este caso”.
Se le cuestionó que a pesar de llegar hasta la última instancia, el ordenamiento es derrumbar el inmueble, esto respondió:
“Nosotros, como autoridades, siempre acataremos el ordenamiento legal, y si dice eso, por supuesto que se tiene que acatar”.
Dejó en claro que serán respetuosos de la ley y en caso de que el Tribunal determine la demolición del edificio, la administración municipal actuará conforme a derecho.
Dejó entrever que el Tribunal colegiado puede notificar a esta administración o dependiendo el tiempo que se lleve le podría corresponder al gobierno municipal entrante lo que las autoridades determinen, empero insistió que el Ayuntamiento en todo momento ha sido respetuoso de la ley.

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